En Granada son alrededor de 140
Monitoras de integración social para el alumnado, en lucha por sus puestos de trabajo
Una concentración, a las 17.30 horas en Gran Vía, reclama una solución para las trabajadoras y trabajadores afectados que desempeñan tareas como Personal Técnico de Integración Social (PTIS) y como Intérpretes de Lengua de Signos (ILSE).
CCOO
Movilización celebrada la pasada semana ante la Consejería de Educación.
Son el Personal Técnico de Integración Social (PTIS) y los Intérpretes de Lengua de Signos (ILSE), que atienden a alumnado con necesidades educativas especiales. Sus puestos de trabajo están en riesgo tras muchos años desempeñando esta tarea a través de empresas privadas. Buena parte de estos servicios fueron externalizados hace 18 años, como explica a El Independiente de Granada Gloria María Aguilera López, delegada sindical por CCOO.
En el caso del Personal de Integración Social,"coexisten" profesionales contratadas a través de empresas privadas con otras que forman parte, como personal laboral, de la Administración. De entrada, esa diferenciación ya les ha acarreado una discriminación histórica, porque desempeñan las mismas tareas con condiciones laborales muy diferentes. Para una monitora con su puesto externalizado, su categoría laboral puede ser muy diferente, desde cuidadora a administrativa, el sueldo también, y las jornadas parciales, lo que dificulta el desempeño de su labor, recuerda Aguilera.
La batalla de este personal técnico se llevó a los tribunales. "Desde CCOO está denunciada la cesión ilegal de trabajadores", apunta la representante sindical, que resalta que la Ley de Educación de Andalucía lo recoge como "un servicio estructural" y que, por lo tanto, "se debe prestar directamente desde la Administración". "Dependemos del director y nuestro puesto funciona porque está el centro detrás", añade.
"Las demandas se están ganando", pero "la Justicia es lenta". Y hay otro elemento más que ha agravado su situación laboral. La Intervención de la Junta apuntó que la Agencia Pública Andaluza de Educación, que gestiona los contratos de estos servicios, "no tiene capacidad para contratar". Y dio un plazo para "revertir las plazas en error administrativo". En estos momentos hay una prórroga hasta 2022 para cumplirlo.
Aguilera, que defiende que la Ley permite a la Junta negociar la subrogación directa del servicio externalizado, explica que la situación se ha complicado aún más para estas trabajadoras. "La Junta ha sacado una bolsa, a la que puede acceder cualquiera, y la experiencia para estas trabajadoras cuenta menos de la mitad, tampoco sirven en muchos casos las categorías", afirma recordando que ni siquiera pueden tener acceso a los cursos de formación de la Junta, lo que les deja sin esa puntuación en la bolsa. Temen quedarse fuera pese a su experiencia, clave para atender a un colectivo "tan sensible". En Granada son alrededor de 140, en su mayoría mujeres.
"No tenemos ninguna garantía. No es que queramos que nos hagan fijas al subrogarnos, sino que tengamos las mismas posibilidades porque somos víctimas de un error de la Administración".
Por ello insiste en reclamar una negociación. "Seguiremos movilizándonos", apunta.
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